El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas: un análisis de su calidad de derecho fundamental, su reconocimiento constitucional y protección internacional

Abstract

La presente tesis analiza el derecho a la consulta previa en el marco de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y examina si, dentro del ordenamiento constitucional peruano, puede ser reconocido como un derecho fundamental. Para ello, la investigación desarrolla un marco teórico sobre las corrientes del constitucionalismo contemporáneo y los enfoques de los derechos fundamentales. Asimismo, estudia la evolución histórica y normativa de la consulta previa, así como su tratamiento en la jurisprudencia nacional y comparada; y, finalmente, formula una argumentación a favor de su reconocimiento constitucional. La tesis concluye que en la jurisprudencia peruana se manifiesta una recepción inestable y fragmentaria de la consulta previa. Frente a ello, se sostiene que este derecho no debe ser entendido como un procedimiento administrativo ordinario, sino como un derecho fundamental de carácter procedimental, orientado a garantizar la participación de los pueblos indígenas y la protección efectiva de derechos vinculados con su existencia colectiva, especialmente la propiedad, la identidad cultural, la igualdad, la dignidad y la autodeterminación.

This thesis analyzes the right to prior consultation within the framework of protecting the rights of indigenous peoples and examines whether, within the Peruvian constitutional order, it can be recognized as a fundamental right. To this end, the research develops a theoretical framework on contemporary constitutionalism and approaches to fundamental rights. It also studies the historical and normative evolution of prior consultation, as well as its treatment in national and comparative jurisprudence; and, finally, formulates an argument in favor of its constitutional recognition. The thesis concludes that Peruvian jurisprudence demonstrates an unstable and fragmented reception of prior consultation. In response, it argues that this right should not be understood as an ordinary administrative procedure, but rather as a fundamental procedural right aimed at guaranteeing the participation of indigenous peoples and the effective protection of rights related to their collective existence, especially property, cultural identity, equality, dignity, and self-determination.